The FARC-Columbia Peace Accord: A View From Cuba--Implementation, Realpolitik and Reconciliation

René Gómez Manzano is an independent journalist and critical outsider in Cuba. He has for many years reported on changed within the Cuban state and its ruling Communist Party. Educated in Havana and Moscow he began defending dissidents in 1990 and has served time in prison for his actions. He remains active in Cuba and tolerated by the state ad PPC. Amnesty International named him a prisoner of conscience in 1998 after his arrest and imprisonment in the late 1990s. (More on Gómez Manzano here):  

Mr. Gómez Manzano has recently written a series of essays on the recently concluded peace accords between FARC and the government of Columbia. The first, Colombia: ¡Llegaron los Reyes Magos!looks to the implementation of a document, 297 pages long, that is meant to be accessible to the people and that includes a number of aspirational goals. The fear is that the aspirational objectives of the accord can be threatened as the parties get down to operationalizing its provisions and that it is not clear that there will be substantial popular engagement. He worries that this broad list of aspirational goals will themselves threaten the stabilityof the acords on the long run. The second, El Acuerdo de Paz en Colombia: Una renuncia de las FARC a acceder al poder, raises issues about causes for the movement toward the finalization of negotiation, suggesting the realpolitik of the nacotrafficking and Chauvista path that failed FARC.  The third, Colombia: La paz bien vale un Acuerdo Final speaks to the truth and reconciliation process. The articles are in Spanish.

Colombia: ¡Llegaron los Reyes Magos!

La gran noticia de la semana pasada fue sin dudas la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Colombiano y la narcoguerrilla de las FARC-EP

Lunes, agosto 29, 2016 | René Gómez Manzano | 6


LA HABANA, Cuba.- La gran noticia de la semana pasada fue sin dudas la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Colombiano y la narcoguerrilla de las FARC-EP. Por la importancia del acontecimiento, es justo que el anuncio correspondiente, hecho en persona por el presidente Juan Manuel Santos en un elocuente discurso televisivo, haya concitado el interés de la opinión pública. De igual manera, resulta lógico que, a partir de ahora, la atención general se centre en los pasos que se vayan dando para implementar el histórico y abultado documento, que consta de 297 páginas.

Confieso que, al ver ese mamotreto, recordé de inmediato los contratos de adhesión que presentan a sus potenciales clientes determinadas compañías. Son hojas y más hojas que juristas especializados, ex profeso, han redactado en un lenguaje denso y confuso. Las oraciones son larguísimas y complejas, y cuando se llega al final de una, no se atina a recordar cuál es su sujeto. El documento que se presenta a la firma tiene una letra menuda bien difícil de leer. Ocultas en medio del denso bosque de palabras están las cláusulas claves, que nunca dejan de favorecer a la corporación que elaboró el convenio. El objetivo —que casi siempre se logra— es que los clientes firmen sin leer. Incluso los pocos valientes que lo intentan, desisten sin llegar a terminar la primera página.

Cualquiera diría que los redactores del flamante Acuerdo Final de Paz se conchabaron para alcanzar objetivos similares. Fuera de los miembros de las dos delegaciones oficiales, serán poquísimos —pienso yo— los que intenten interiorizar las 297 cuartillas. Apenas los políticos que pretendan especializarse en el tema, algún que otro excéntrico y, por supuesto, los articulistas que aspiren a escribir sobre el asunto de manera documentada y seria. En ese contexto, parece exagerada la vehemencia mostrada por Santos en su alocución, al afirmar con entusiasmo que el texto estará al acceso de todos.

La primera sección del abultado escrito (única de la cual quizás más o menos llegue a enterarse la gran mayoría de los lectores; o sea, aquellos que lo intenten y desistan a medio camino) está consagrada a la “Reforma Rural Integral”. Se trata de un tema que de antemano tiene garantizado un gran éxito de público. Por añadidura, las frases hermosas se suceden una tras otra, sin dar respiro al lector. No cabe dudar que esos planteamientos cautivadores serán aplaudidos por la generalidad de quienes intenten enterarse del contenido del extenso Acuerdo.

Leemos allí: “Bienestar y buen vivir”, “superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural”, “mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos”, “planes de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos”, “un recurso ágil y expedito para la protección de los derechos de propiedad”, “cierre de la brecha entre el campo y la ciudad”. ¿Quién que no sea un miserable puede estar en contra de tan nobles objetivos!

En este caso, los Tres Reyes Magos son sólo dos: uno es el mismo Juan Manuel, el presidente; el otro, como cuadra a un forajido, usa un alias: Timoleón. Las amplias alforjas de uno y otro guardan infinidad de cosas buenas que ofrecen con generosidad a todos los colombianos. Seguimos leyendo en la primera sección del Acuerdo: “garantizar el acceso a internet de alta velocidad en las cabeceras municipales”, “acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades”, “telemedicina”, “creación de un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas”, “vivienda y agua potable”, “educación rural”, “estímulos a la economía solidaria y cooperativa”, “asistencia técnica”, “seguros de cosecha subsidiados”.

Todas las aspiraciones legítimas parecen estar recogidas en el extenso articulado. Ninguna reivindicación válida ha sido olvidada. ¿Pudiera pedirse un inicio más auspicioso para un documento que tanta importancia tiene para el futuro del país sudamericano? La única objeción que uno atina a esbozar es: ¡¿Y para enunciar planes tan generosos era necesario esperar a la firma de un documento con la principal pandilla de alzados en armas contra las autoridades constituidas?!


El Acuerdo Final de Paz en Colombia amerita ciertamente que le brindemos nuestra atención, y en próximos artículos abordaré otros aspectos del mismo.

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El Acuerdo de Paz en Colombia: Una renuncia de las FARC a acceder al poder

Los métodos de los izquierdistas carnívoros para eternizarse en el poder no serían aplicables al caso de Colombia

Martes, agosto 30, 2016 | René Gómez Manzano | 3

LA HABANA, Cuba.- Prosiguiendo con mi análisis del reciente Acuerdo Final de Paz en Colombia, creo oportuno discrepar en parte de un compatriota y colega que goza de mi mayor estima. Confieso ser un lector ávido de Carlos Alberto Montaner, en cuyas obras uno no sabe qué admirar más: si la solidez de los argumentos o el magistral encanto con que éstos son expuestos. Suelo coincidir con sus planteamientos, pero no esta vez.

Para ser leal, debo aclarar que los razonamientos de los cuales disiento, fueron hechos por mi compañero en un trabajo elaborado antes de que se publicara el Acuerdo Final de Paz. Por consiguiente, al hacer ahora este análisis, cuento con esa ventaja. El referido artículo, publicado en CubaNet, contiene cuatro argumentos principales para acusar al presidente Juan Manuel Santos de “no entender las razones de sus enemigos para sentarse a negociar”. Discrepo de todos ellos.

En primer lugar, no considero válida la tajante afirmación que hace Montaner sobre los narcoguerrilleros de las FARC: “Se sentían derrotados”. Aquí hay que matizar: Por supuesto que las muertes de los alias “Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano” (así como las de decenas de sus subalternos, que los mismos subversivos, con la mayor desfachatez, calificaron de “asesinato” y “masacre”, como si no estuvieran en guerra) constituyeron un factor determinante para sentar a los insurrectos a la mesa de negociaciones.

Así lo expresé en un artículo que publiqué en CubaNet hace más de un año: “El mantenimiento de las hostilidades —que Santos planteó como una condición sine qua non para el inicio de los actuales diálogos de paz— constituiría un permanente acicate para inclinar a los jefes de las FARC hacia la moderación, el espíritu conciliador y la comprensión del adversario”. Pero de ahí a afirmar que “se sentían derrotados” hay un trecho que me parece insalvable.

El segundo argumento esgrimido —la opción por la “vía chavista” para llegar al poder— tampoco resulta válido. El ahora “Comandante Eterno” sólo escenificó una asonada —sangrienta, sí; pero de pocas horas— contra un gobierno impopular. Los bandidos de las FARC, por el contrario, han estado enlutando a Colombia durante decenios. Son incontables los hombres y mujeres asesinados o secuestrados por ellos, los sabotajes y chantajes perpetrados, las toneladas de cocaína traficadas, los campesinos desplazados. Pensar que, tras esa ejecutoria funesta, los ciudadanos van a votar en masa por ellos, equivale a catalogar a los colombianos como un hatajo de aberrados.

De hecho, los mismos subversivos están conscientes del escaso apoyo popular con el que cuentan. Diversas cláusulas del Acuerdo Final dan fe de ello. Mediante un subterfugio, se crean 16 curules adicionales. Se trata de bancas para las que los partidos existentes no podrán postular candidatos. O sea, son actas de representantes con nombres y apellidos virtuales: los de los jerarcas de las FARC. Por añadidura, el movimiento político que creen los subversivos no estará sujeto al umbral electoral. Esto significa que hasta 2026 no necesitará alcanzar la modesta cifra de 50 mil votos (¡el 0,1% de la población!) que exige la Constitución.

Amén de agenciarse esas 16 curules sin tener que competir por ellas, las FARC reclamaron (y el Gobierno aceptó) que, hasta 2022, los herederos políticos de esa guerrilla reciban el 15% de los fondos estatales destinados a financiar movimientos políticos, y el 10% hasta 2026. Aquí también se pone de manifiesto la poquísima confianza de los insurrectos en obtener el respaldo del pueblo. Sólo esto último explica la existencia de esos preceptos. Resulta evidente que las expectativas de Montaner al respecto son mucho más elevadas que las de los mismos delegados subversivos en la mesa de negociaciones de La Habana.

En su tercer argumento, mi colega recuerda con admirable precisión el modus operandi empleado por los populistas de izquierda para crearse una amplia clientela política al tiempo que destruyen la economía del país. La descripción es certera, pero augurarles esa posibilidad a los sediciosos de las FARC constituye un ejercicio intelectual ajeno a la realidad: Con las limitadísimas perspectivas electorales que tienen (y que —como hemos visto— ellos mismos reconocen de manera tácita), no resulta razonable esperar que se alcen con la victoria en una próxima elección. ¡Suerte que tienen los colombianos!

Lo mismo puede decirse del cuarto y último de los argumentos principales esgrimidos por Don Carlos Alberto. Los métodos de los izquierdistas carnívoros para eternizarse en el poder (y que mi compañero describe con elocuencia y acierto), no serían aplicables al caso de Colombia, y ello por la misma razón ya señalada: las escasas perspectivas de éxito comicial que tienen los subversivos de las FARC.

En ese contexto, la inferencia que se hace en el artículo debatido (que el plebiscito del próximo 2 de octubre constituirá un ejercicio esencialmente tramposo) y la idea de que las FARC se han limitado a cambiar de táctica para acceder al poder por la vía pacífica, carecen de validez, en mi opinión. En un futuro artículo trataré de abundar en el tema.

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Colombia: La paz bien vale un Acuerdo Final

El Acuerdo Final de Paz en Colombia hace hincapié en las víctimas del conflicto y consagra su sección final a ellas

Miércoles, agosto 31, 2016 | René Gómez Manzano |

FARC y Gobierno colombiano cierran acuerdo final de paz (cambio.bo)

LA HABANA, Cuba.- El larguísimo Acuerdo Final de Paz en Colombia (sin dudas la gran noticia de la pasada semana) hace hincapié en las víctimas del conflicto y consagra su sección final a ellas y a la llamada justicia transicional. Al igual que sucede con el fragmento que trata sobre la “Reforma Rural Integral” (tema que abordé en mi primer artículo), los pasajes dedicados a esos afectados rebosan de palabras hermosas.

Las frases impactantes se suceden: “No vamos a intercambiar impunidades”, “los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables”, “la reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad”, “las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto”.

En todo ese extenso articulado se nota la mano de juristas especializados en la protección internacional de los derechos humanos. No falta ni uno solo de los temas que los expertos en la materia consideran indispensables. Se amnistían los delitos de rebelión y otros políticos y conexos; pero no las atrocidades que el derecho internacional prohíbe perdonar.

Al establecer con claridad el principio de la no impunidad, el Acuerdo Final se ajusta a la regla de oro que rige en la materia. Los redactores del extenso texto —pues— se han curado en salud, y han aprovechado bien los años de negociaciones para evitar que el documento llegue ser impugnado con éxito ante cortes de justicia internacionales. En ese sentido, todo está bien atado.

Otra cosa es —desde luego— si esos enunciados generales se reflejan de manera adecuada en la letra menuda del Acuerdo Final. Éste crea la Jurisdicción Especial para la Paz, compuesta por una estructura compleja que consta de cinco elementos. Se proclama como principio “aportar verdad plena”, pero, como reza el refrán, el diablo está en los detalles.

Conforme al Punto 47, “el reconocimiento de verdad y responsabilidad… podrá hacerse de manera individual o colectiva, de forma oral o mediante escrito”. No hace falta ser abogado para comprender que, por supuesto, las “confesiones” colectivas y escritas constituyen una vía segura para diluir la responsabilidad y esquivar culpas personales.

Además, los presuntos culpables “podrán presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras o restaurativas”. Barrunto que los “Timochenko” y sus íntimos no serán remisos a presentar planes de ese tipo en unión de sus subordinados. ¿El resultado previsible? Que, como suele suceder en este pícaro mundo, en definitiva sean los combatientes de filas quienes doblen el lomo.

Las sanciones para los que “confiesen” sólo pueden durar un máximo de ocho años. En el segundo artículo que dediqué a este asunto ya vimos que los jefes de las FARC tienen garantizadas en la práctica, sin necesidad de competir por ellas, 16 bancas congresionales “por 2 períodos electorales” (¡qué casualidad, son también 8 años!)…. Añado que el Acuerdo, de manera previsora, dispone que “la imposición de cualquier sanción…no inhabilitará para la participación política”…

Sobre otro tema peliagudo (el de las drogas ilícitas), sólo cabe expresar admiración: Los redactores se las han arreglado para, en las 24 páginas dedicadas al asunto, ¡no incluir ningún reconocimiento claro de las FARC acerca de su involucración en este flagelo! Lo más que veremos allí es un vago compromiso para “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.

Lo que sí encontraremos son alusiones a la necesidad de “intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y el lavado de activos”. Pero esto, como se ve, está escrito en tercera persona.

El Acuerdo contiene otros preceptos discutibles, como el que contempla repartir millones de pesos entre los miembros de las FARC que depongan las armas, o el que establece la creación de un Cuerpo de Seguridad y Protección “integrado por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal”. Pero estos son detalles en los que no está el diablo.

El hecho cierto es que la frase alada proferida por uno de los líderes subversivos ha demostrado ser no sólo cínica, sino también veraz: “Nadie firma un acuerdo para ir a la cárcel”. Pero, pese a todo, pienso que cabe parafrasear una vez más a Enrique IV: La paz en Colombia bien vale el Acuerdo Final. En definitiva, tal vez haya algo de razón en el voto concurrente que figura en la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso de El Mozote. Cito aquí esa opinión porque los firmantes la incluyeron como parte del texto consensuado: “La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario.