Animal rights is not a conceit of developed states. There are those in the Caribbean who have also become much more active in the development of social knowledge of human dignity as expressed in human treatment of animals, and in the defense of animals against cruel and abusive treatment. Among these is the Cubanos en Defensa de los Animales (CEDA) [Cubans in Defense of Animals], a civil society which characterizes itself as a sociocultural and humanitarian project [un proyecto sociocultural y humanitario] centered in the Havana region. Its principal objective is to reduce the populaitons of street dogs and cats and to educate the public, especially children and youth , against animal violence ["El objetivo central de CeDA es disminuir las poblaciones callejeras de
perros y gatos y educar a la población, especialmente niños y jóvenes,
en la no violencia contra los mismos."].
CEDA's work has come to the attention of social media recently. Rene Gómez Manzano writes about the efforts of CEDA which resulted in the punishment of an individual associated with a government research center who engaged not only in acts of cruelty to animals, but posted his activities on line. But Gómez Manzano also notes the dearth of public sanction against some of the conduct alleged to have been committed by this person and opens the issue of the need for legislation or other avenues of conduct management, to reduce the incidence of such acts. The article, Perros desamparados en Cuba, follows below (Castellano only) and may be accessed where originally posted to CubaNet. While Gómez Manzano focuses on the sexual abuse involved in that case (see, e.g., here, and here for story from Indonesia), the more general issue of the human rights implications of animal abuse is worth much more intense consideration both in Cuba and among CARICOM states--to start.
Important, as well, is the relationship between abuse and social media that is coming to occupy a more important role in these activities. Social media appears to provide a larger space in both the performance of acts of cruelty (some abusers appear to crave an audience to enhance the value to them of their own debasement through acts of cruelty to animals), and in the possibility of the secondary effects that seem to satisfy an element of the population that appears to derive some vicarious pleasure from watching. Suppression may be impossible, but management may be more effective. It is in this respect, in any case, that a "social credit" or data driven governance approach to managing human behavior might gain traction (e.g., here).
Perros desamparados en Cuba
Un hecho despreciable ha hecho resaltar la ausencia de leyes para proteger a los animales del maltrato en la Mayor de las Antillas
RENÉ GÓMEZ MANZANO VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE, 2018 | 12:07 PM
Cubano detenido por torturar a animales. Foto Facebook
LA HABANA, Cuba.- Recientes informaciones periodísticas dan cuenta de la detención en Cuba de un aberrado que se dedicaba a torturar y violar perros, a los cuales después mutilaba y mataba. El sujeto, al parecer orgulloso de su depravación, filmaba las macabras escenas y las publicaba en foros digitales. La plataforma Cubanos en Defensa de los Animales (CEDA) denunció el caso “con dolor y repugnancia”.
Se trataba de un trabajador del Centro de Neurociencias del Polo Científico, entidad que “escuchó y apoyó desde el primer momento” a los protectores de animales, por lo cual la mencionada plataforma le extendió un “agradecimiento especial”. El individuo “fue expulsado del sector al conocerse y verificarse sus actividades ilícitas y repugnantes”.
El asqueroso incidente pone de nuevo sobre el tapete el tema de la inexistencia de normas legales que protejan a los animales en Cuba. Como se recordará, el asunto fue incluso uno de los más abordados en el recién concluido “debate popular” del actual Proyecto de “nueva Constitución socialista”. Durante ese proceso, muchos ciudadanos plantearon la necesidad de un amparo de ese tipo que figurase en la misma carta magna.
Las numerosas gestiones realizadas en ese sentido, han encontrado los oídos sordos de las autoridades castristas. Cibercuba, en un post consagrado a ese asunto, recoge las palabras de una activista del CEDA: “Quienes han abogado por la necesidad de una ley de protección animal nunca han recibido una respuesta oficial de por qué se ha seguido de largo sobre el tema”.
Según la misma publicación, se registra “un aumento de casos de maltrato animal, más visible en los últimos años gracias a las redes sociales”. Por estos medios “han salido a la luz casos extremadamente dolorosos e insólitos”. Y se concluye que hechos de ese tipo se producen “sin que exista una vía legal para juzgar a los responsables”.
Este último planteamiento pone el dedo en la llaga. Por supuesto que, en principio, uno tiende a ver con buenos ojos que, al menos por esta vez, quien da con sus huesos en una cárcel cubana sea no un ciudadano que discrepa del gobierno, o un infeliz que, para mitigar sus muchas necesidades, hurta o estafa. Todo lo contrario: En este caso, quien ha perdido su libertad es el autor de actos feroces como los arriba mencionados.
Pero, como abogado criminalista, uno no puede dejar de estudiar el aspecto puramente jurídico de la cuestión. ¿Qué fundamento legal (si es que alguno) tiene el arresto ahora anunciado? ¿De qué delito se acusará al sádico que martirizaba a los canes y hacía pública ostentación de su crueldad?
En base a lo publicado hasta el momento, los hechos ocurridos no sirven para justificar la detención. Existe en verdad el vacío jurídico que denuncian los defensores de animales. Los castristas, en su indolencia, no se han ocupado de erigir salvaguardas legales para esos otros seres vivos. Las acciones perpetradas contra los perros, en sí mismas, no constituyen delito alguno. Son —utilizando el adjetivo forense— atípicas.
A lo sumo, podríamos pensar en alguna sanción imponible por los actos de bestialismo. Pero ese castigo no se derivaría del acto sexual impuesto al ser irracional; esta situación, de por sí, no es punible, por no encontrarse prevista en la ley penal. No importa, a estos efectos, cuán repugnante ella resulte.
La ilegalidad se derivaría únicamente de otro aspecto de la realidad: Resulta evidente que, para mostrar al público un acto sexual (sin importar que éste haya sido realizado con un individuo de otra especie), el autor tiene que exhibir sus propios órganos reproductivos mientras realiza esa actividad aberrante.
Es cierto que el nombre del posible delito (“ultraje sexual”) no parece ajustarse mucho a hechos como los descritos. Pero también es verdad que el artículo 303 del Código Penal, que sanciona esa conducta, parece aplicable a este caso. Ese precepto castiga a quien “ofenda el pudor o las buenas costumbres con exhibiciones o actos obscenos” y a quien “produzca o ponga en circulación […] cintas cinematográficas[…], fotografías u otros objetos que resulten obscenos, tendentes a pervertir o degradar las costumbres”.
En un país como Cuba (donde quien sacrifique de manera ilegal una res puede recibir una pena más larga que un homicida y permanecer encarcelado durante decenios), las sanciones que contempla el artículo citado no son impresionantes: “privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas”. Pero algo es algo.
El escandaloso sucedido ha puesto de manifiesto una lamentable omisión en las leyes cubanas. El régimen castrista, al permanecer por años enteros sin prestar atención a los insistentes pedidos de los defensores de animales, ha cometido otra pifia más. Veremos si, ante la situación creada, es capaz de subsanarla.
-->
No comments:
Post a Comment