While most attention has focused on the 8th Congress of the Cuban Communist Party (Partido Comunista Cubano), a number of groups that fall outside of the mainstream of the current political economic model have also sought to have their voices heard. One, made up of lawyers and others, the Corriente Agramontista, has distributed a Declaration that appears below and is worth reading in the shadow of the major events of the 8th PCC Congress. The Declaration suggests that inthe face of the grave crisis facing Cuba, that substantial and radical reform is necessary in the political, economic, and social spheres. The PCC is unlikely to be moved, though its members will take note. The effect f these sorts of interventiosn will be hard to gauge, but that they may be made without substantial interference (for the moment) though at some sometimes great personal cost, suggests that someone is listening.
DECLARACIÓN DE LOS ABOGADOS AGRAMONTISTAS
Los abajo firmantes, cubanos residentes en la Isla que pertenecemos a la Corriente Agramontista (la más antigua y nutrida organización de juristas independientes cubanos), hemos decidido emitir esta Declaración ante la desastrosa situación que confronta hoy nuestra Patria.
Las raíces de este calamitoso estado de cosas subyacen en el inoperante sistema que, pese a haber demostrado sobradamente su inoperancia, tanto en Cuba como en los estados euroasiáticos que otrora integraron el “Campo Socialista”, ha sido impuesto y mantenido a sangre y fuego por el régimen castrista. El país está detenido en el tiempo e incluso involuciona. Los gobernantes insisten con obstinación en mantener ese sistema social, político y económico absolutamente inviable. En lo social, vemos una población alienada, sin posibilidad de expresar lo que piensa o siente, embrutecida cual rebaño y que sólo ansía escapar hacia cualquier lado. En lo económico, constatamos que se ha optado por un capitalismo monopolista de Estado, disfrazado de una forma sui generis de socialismo, que impide el desarrollo de las fuerzas productivas. Estas últimas están bloqueadas con prohibiciones legales y administrativas, altas cargas tributarias, burocratismo y la presión moral que significa que los emprendedores, conforme a la arcaica teoría marxista-leninista mantenida a ultranza, sean considerados vulgares “explotadores”.
En lo político y jurídico, tenemos una carta magna que es letra muerta, y no se aprecia un cambio del régimen en cuanto al respeto de elementales derechos humanos como las libertades de expresión, opinión, movimiento y asociación; por el contrario, la represión contra todo signo de disenso se reitera y se vuelve más amenazante y violenta. Pese a haber decursado ya dos años, no se ha dictado la legislación complementaria que viabilizaría el disfrute de esos y otros derechos. También se ha incumplido con el plazo previsto para el nuevo Código de Familia. En el plano laboral, puede afirmarse que los obreros y campesinos cubanos están viviendo los peores momentos de su historia, lo cual no deja de constituir una burla en esta sociedad, que dice ser “de los trabajadores”. Continúan siendo un sueño irrealizable los reclamos de los juristas cubanos (proclamados desde hace años por la Corriente Agramontista): que se restablezca el libre ejercicio de la abogacía, que los tribunales gocen de verdadera independencia y que la Fiscalía actúe ajustándose a criterios técnico-jurídicos, y no políticos.
A la ineficacia consustancial a este sistema antihumano se ha unido ahora un fenómeno universal como la pandemia de la COVID-19, así como otro desastre puramente nacional: la mal llamada “Tarea Ordenamiento”. Para realizar esta rebaja masiva de los ingresos reales de los cubanos de a pie, se aumentaron los salarios y pensiones, pero los precios de bienes y servicios fueron incrementados en medida mucho mayor, desatando una inflación brutal. Todo este conjunto de circunstancias determina que, en la Cuba de hoy, se pueda hablar de la existencia de una profunda crisis humanitaria.
Esta Declaración ve la luz cuando es inminente que, en apenas unos días, se inicie el congreso de turno de los comunistas. Por supuesto que los firmantes no podemos estar de acuerdo con la existencia de un único partido. Reconocemos también que, en una sociedad cualquiera, puede y deber haber una “fuerza política dirigente superior” del Estado. Pero creemos que tal condición sólo debe derivarse de la voluntad del pueblo soberano, expresada libremente en la mayoría de votos que, de manera espontánea, los electores hayan otorgado a una fuerza política determinada; y esto, además, por un número limitado de años y en un proceso pluralista, en el cual haya habido la posibilidad de escoger entre propuestas diversas. El otorgamiento de esa condición dirigente con carácter permanente, en virtud de un precepto supralegal (el artículo 5 de la Constitución), y a favor de una organización política elitista (a la que pertenece menos de la décima parte de los electores) no pasa de ser una vulgar imposición totalitaria.
Pero, pese a todo lo anterior, es un hecho cierto que, de acuerdo con la liturgia comunista, se supone que esa inminente reunión tome las decisiones estratégicas más importantes de la vida nacional. En esas circunstancias, llamamos la atención de los congresistas sobre algo que consideramos una evidente contradicción: en las relaciones internacionales, el régimen castrista clama por la tolerancia y el respeto a la diversidad; sin embargo, en lo interno propugna decisiones diametralmente opuestas. Debe reconocerse que no vivimos en una sociedad monolítica, sino plural, donde coexisten variados intereses económicos, sociales y políticos. Todos ellos merecen su espacio. Es inmoral que se mantenga la discriminación sobre los cubanos que piensan distinto.
Y es necesario que los congresistas hallen una solución a la honda crisis económica, social y política en la que está hundido el país. Es menester que se inicie el cambio profundo —no cosmético— que Cuba necesita desesperadamente. Y quienes inicien ese proceso no deben ser los mismos ancianos que llevan más de sesenta años ejerciendo el poder, y haciéndolo muy mal.
La Habana, 12 de abril de 2021
(Firmantes, ordenados cronológicamente, por la hora de adhesión a esta Declaración)
René Gómez Manzano
Hildebrando Chaviano Montes
Roberto de Jesús Quiñones Haces
Eduardo Ortiz Ramírez
Serafín Martínez
Yuniesky San Martín Garcés
Maybell Padilla Pérez
Lázaro G. Godínez González
Amelia Rodríguez Cala
René Lázaro López Benítez
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