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Cuba se prepara ahora para lo que su actual liderazgo podría considerar el desenlace final. Por supuesto, no tiene por qué ser así; pero el liderazgo, como lo ha hecho durante mucho tiempo, se ha visto impulsado implacablemente por las inevitabilidades inherentes a su forma de ver el mundo y, a partir de ella, a construir las alternativas que sus valores le presentan.
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Ahora Estados Unidos ha intervenido. El 29 de enero, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva: Abordando las amenazas a Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba. Esta orden ejecutiva estuvo acompañada de un documento complementario: Hoja informativa: El presidente Donald J. Trump aborda las amenazas a Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba.
La orden ejecutiva es bastante interesante. Parece ofrecer a Cuba una solución similar a la venezolana que podría, efectivamente, permitirle mantener la esencia de su sistema de gobierno (al menos por un tiempo). Considere el objetivo de la Orden Ejecutiva, tal como se resume en la hoja informativa:
--La Orden impone un nuevo sistema arancelario que permite a Estados Unidos imponer aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que proporcione petróleo a Cuba, directa o indirectamente.Los dos primeros objetivos representan las tácticas habituales de la segunda administración Trump. Es el tercer objetivo el que llama la atención. La clave está en el "acuerdo": si el gobierno cubano toma "medidas significativas para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos", entonces la Orden Ejecutiva puede modificarse (probablemente junto con otras medidas). La postura inicial de negociación se esboza en la hoja informativa:
--La Orden autoriza al Secretario de Estado y al Secretario de Comercio a tomar todas las medidas necesarias, incluida la emisión de normas y directrices, para implementar el sistema arancelario y las medidas conexas.
--El Presidente puede modificar la Orden si Cuba o los países afectados toman medidas significativas para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
--El régimen cubano se alinea con numerosos países hostiles y actores malignos, albergando sus capacidades militares y de inteligencia. Por ejemplo, Cuba alberga la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero, centrada en el robo de información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos.
--Cuba proporciona refugio seguro a grupos terroristas transnacionales, como Hezbolá y Hamás, y apoya a adversarios en el hemisferio occidental, socavando las sanciones estadounidenses y la estabilidad regional.
--El régimen persigue y tortura a opositores políticos, niega la libertad de expresión y de prensa, se beneficia corruptamente de la miseria del pueblo cubano e incita al caos al difundir la ideología comunista en toda la región.
El punto crítico, por supuesto, es el petróleo. La primera fase eliminó los suministros venezolanos; En segundo lugar, la tradicional ayuda del gobierno mexicano (La presidenta mexicana dice que su país ha suspendido los envíos de petróleo a Cuba ("'Pemex toma las decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba', dijo Sheinbaum en su rueda de prensa matutina. 'Suspender es una decisión soberana y se toma cuando es necesario'"). Y el senador Marco Rubio sugirió los contornos de la situación desde la perspectiva estadounidense: El senador estadounidense Marco Rubio no confirmó si la administración Trump buscaría activamente un cambio de régimen. Al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio, al ser presionado sobre si Washington descartaría un esfuerzo respaldado por Estados Unidos para derrocar al actual liderazgo cubano, señaló que, de hecho, esa era una agenda establecida por el Congreso hace una generación. (Video: 'No lo descarto...': Marco Rubio sorprende a senador demócrata, rechaza compromiso de 'no cambio de régimen' en Cuba)
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Ahora... ¡hagamos un trato! ¡Vamos a regatear!
¿Es posible un acuerdo? Quizás. Sugerí los contornos de un espacio de acuerdo en mi discurso pronunciado en la Reunión Anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana en octubre de 2025: "Fundamentos Jurídico-Institucionales para la Reconstrucción en una Cuba Posrevolucionaria: Un Ejercicio Conceptual", discurso preparado para la Conferencia Anual de 2025 de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, Miami, Florida, 25 de octubre de 2025. Lo planteé así:
El proyecto de transición no debe complacer a nadie; no debe estar orientado al beneficio estratégico de ningún grupo; y debe evitar la arrogancia, tan exhibida por los líderes de las últimas generaciones, pues son ellos los más indicados para declarar lo correcto, lo bueno y lo necesario, incluyendo la determinación del modelo político-económico de los pueblos soberanos y los sistemas institucionales-jurídicos creados para el cumplimiento de sus objetivos.
Esto no significa que la transición deba evitarse. Todos los estados se encuentran en un estado constante de transición; Basta con observar detenidamente la situación de Estados Unidos, Cuba y China desde 2008 para ver con claridad la inevitabilidad de esa trayectoria. El desarrollo de bases institucionales y legales sólidas, autorizadas y legítimas que faciliten la transición es vital. En el caso de Cuba, esto no debe acompañar transiciones que puedan situarse al margen de modelos político-económicos estables, sino en su núcleo mismo. Esto crea un elemento más dinámico en el que dichas reestructuraciones pueden ser profundas y profundamente transformadoras. Al mismo tiempo, no se debe satisfacer el ansia de colapso y caos, ni siquiera por parte de quienes se sientan tentados a trabajar por esos fines. En Cuba, la transición debe partir de la situación actual. Podría podar lo que obstaculiza y nutrir lo que impulsa el avance del Estado, el gobierno y la satisfacción de las necesidades populares. Esto requerirá un cambio en el modelo político-económico, un cambio que puede emprenderse incluso dentro del amplio paraguas del marxismo-leninismo. Pero la nomenclatura debe reformarse y su rol debe redefinirse, y el papel del mercado informal debe integrarse en el funcionamiento de la economía política de un Estado en transición.
Para ello, el sistema institucional jurídico cubano requiere ajustes, pero no una reforma integral; requiere el desarrollo de capacidades en el contexto del derecho administrativo (protección contra el abuso de discreción), en el derecho de los colectivos económicos que existen más allá del Estado y, especialmente, en el derecho contractual. Estos cambios requieren el desarrollo de capacidad institucional, la cual puede sentar las bases para la reeducación y la reorientación de la nomenclatura.* * *
Por último, y de crucial importancia, está la cuestión de la insularidad de Cuba. La construcción de la "Cuba Fortaleza" por parte de los militares y los elementos de poder de la nomenclatura sin duda ha servido a sus intereses a corto plazo. Sin embargo, en algún momento Cuba tendrá que abrirse. Esto también requiere el desarrollo de diversas instituciones y regímenes jurídicos. La cuestión se complica según la intensidad del deseo de evitar la inestabilidad. Es probable que la vía más segura sea una apertura gradual mediante la expansión, por etapas, del alcance y la operación de las Zonas Económicas Especiales, como Mariel. Estas pueden utilizarse, como hicieron los chinos hace una generación, como espacios donde el aparato pueda experimentar con la transición, desarrollar instituciones y regímenes jurídicos adaptados al contexto y luego extenderlos a las provincias y, posteriormente, al país. Al mismo tiempo, en este caso, el desarrollo institucional y jurídico podría beneficiarse más del modelo de doble circulación chino o de su versión estadounidense, como parte del proyecto "América Primero", como forma de proteger la integridad interna del Estado mientras se prepara para una mejor integración con el resto del mundo. En cualquier caso, dado el tamaño y la diversidad de experiencias de la comunidad diásporica, una comunidad cuya penetración en el territorio nacional es inevitable, un proyecto de desarrollo institucional y jurídico, un proyecto de ley de Zonas Económicas Especiales, puede desempeñar un papel vital a corto y medio plazo. * * *
No nos corresponde a nosotros determinar los detalles. Eso debería quedar en manos de la gente; Pero sí requiere una reconstitución del PCC, su estilo de trabajo y sus objetivos de maneras que quizás no estén dispuestos a aceptar. De ser así, la mejor opción sería una transición hacia un gobierno militar posrevolucionario. En resumen, sin embargo, es simple: a menos que se planee absorber la República Cubana en un Estado-imperio metropolitano más amplio, es improbable desarrollar con antelación un conjunto detallado de estructuras jurídicas institucionales que puedan aplicarse a la transición cubana. Dejo eso a utópicos, políticos y revolucionarios. (Fundamentos jurídico-institucionales para la reconstrucción en una Cuba posrevolucionaria: Un ejercicio conceptual)
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La respuesta del gobierno cubano fue necesaria y previsible (Cuba condena y denuncia nueva escalada del cerco económico de Estados Unidos; que se presenta a continuación. Sin embargo, las condiciones han cambiado y los caminos hacia la estabilidad, más allá de una gobernanza de la miseria, siguen siendo difíciles (Cuba y la Constitución de un Estado de Miseria Estable: Ideología, Política Económica y Disciplina Popular). Por mucho que le duela a la nomenklatura —tan desesperada por detener el tiempo y preservar aquellos gloriosos momentos de la década de 1970 y la transición del gobierno revolucionario al comunista (El marxismo caribeño de Cuba: Ensayos sobre ideología, gobierno, sociedad y economía en la era posterior a Fidel Castro; también aquí)—, quizás sea el momento de avanzar hacia un sistema de mercados socialistas o de retroceder a enero de 1959 y considerar un camino diferente para el gobierno revolucionario. En este sentido, las nociones chinas de autorrevolución y revolución social podrían ser dignas de consideración por parte del aparato administrativo y del Partido (Breves reflexiones sobre 坚定不移把党的自我革命向纵深推进 —习近平 [Xi Jinping, Avanzar con determinación en la autorrevolución del Partido a un nivel más profundo]). La esencia de este cambio requerirá la rectificación de la nomenklatura (difícil pero posible) y la incorporación de las costumbres y prácticas de la economía informal como nueva base para el desarrollo económico cubano, incluso con un marco socialista.
Los textos de la orden ejecutiva: Addressing Threats to the United States by the Government of Cuba. [Abordando las amenazas a Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba], y el documento complementario: Fact Sheet: President Donald J. Trump Addresses Threats to the United States by the Government of Cuba [Hoja informativa: El presidente Donald J. Trump aborda las amenazas a Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba], se presentan a continuación, junto con la respuesta del gobierno cubano: Cuba condena y denuncia la nueva escalada del cerco económico de Estados Unidos.
CONFRONTING THE CUBAN REGIME: Today, President Donald J. Trump signed an Executive Order declaring a national emergency and establishing a process to impose tariffs on goods from countries that sell or otherwise provide oil to Cuba, protecting U.S. national security and foreign policy from the Cuban regime’s malign actions and policies.
- The Order imposes a new tariff system that allows the United States to impose additional tariffs on imports from any country that directly or indirectly provides oil to Cuba.
- The Order authorizes the Secretary of State and Secretary of Commerce to take all necessary actions, including issuing rules and guidance, to implement the tariff system and related measures.
- The President may modify the Order if Cuba or affected countries take significant steps to address the threat or align with U.S. national security and foreign policy objectives.
COUNTERING CUBA’S MALIGN INFLUENCE: The President is addressing the depredations of the communist Cuban regime by taking decisive action to hold the Cuban regime accountable for its support of hostile actors, terrorism, and regional instability that endanger American security and foreign policy.
- The Cuban regime aligns itself with numerous hostile countries and malign actors, hosting their military and intelligence capabilities. For example, Cuba hosts Russia’s largest overseas signals intelligence facility focused on stealing sensitive national security information from the United States.
- Cuba provides safe haven for transnational terrorist groups, such as Hezbollah and Hamas, and supports adversaries in the Western Hemisphere, undermining U.S. sanctions and regional stability.
- The regime persecutes and tortures political opponents, denies free speech and press, profits corruptly from the Cuban people’s misery, and incites chaos by spreading communist ideology across the region.
- These actions constitute an unusual and extraordinary threat to U.S. national security and foreign policy, requiring immediate response to protect American citizens and interests.
PUTTING AMERICA FIRST: President Trump has consistently confronted regimes that threaten U.S. security and interests, delivering where others have failed to hold adversaries accountable.
- President Trump is continuing efforts from his first term to stand with the Cuban people and hold the regime accountable.
- In his first term, President Trump implemented a robust policy toward Cuba, reversing the Obama Administration’s one-sided deal that eased restrictions without securing meaningful reforms for the Cuban people.
- In June 2025, President Trump implemented partial travel restrictions on nationals from Cuba due to its role as a state sponsor of terrorism, its failure to cooperate or share sufficient law enforcement information with the United States, its historical refusal to accept back its removable nationals, and its high visa overstay rate.
- In June 2025, President Trump signed a National Security Presidential Memorandum (NSPM) to strengthen the policy of the United States toward Cuba.
- This is not the first time President Trump has taken a tough stance against hostile regimes—in just the past few months, he has ordered strikes on Iran’s nuclear infrastructure and authorized operations to remove Venezuela’s Nicolas Maduro from power, making clear that dictators and state sponsors of terrorism will be held to account.
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.) (NEA), and section 301 of title 3, United States Code, I hereby determine and order:
Section 1. National Emergency. As President of the United States, I have an imperative duty to protect the national security and foreign policy of this country. I find that the policies, practices, and actions of the Government of Cuba constitute an unusual and extraordinary threat, which has its source in whole or substantial part outside the United States, to the national security and foreign policy of the United States.
The Government of Cuba has taken extraordinary actions that harm and threaten the United States. The regime aligns itself with — and provides support for — numerous hostile countries, transnational terrorist groups, and malign actors adverse to the United States, including the Government of the Russian Federation (Russia), the People’s Republic of China (PRC), the Government of Iran, Hamas, and Hezbollah. For example, Cuba blatantly hosts dangerous adversaries of the United States, inviting them to base sophisticated military and intelligence capabilities in Cuba that directly threaten the national security of the United States. Cuba hosts Russia’s largest overseas signals intelligence facility, which tries to steal sensitive national security information of the United States. Cuba continues to build deep intelligence and defense cooperation with the PRC. Cuba welcomes transnational terrorist groups, such as Hezbollah and Hamas, creating a safe environment for these malign groups so that these transnational terrorist groups can build economic, cultural, and security ties throughout the region and attempt to destabilize the Western Hemisphere, including the United States. Cuba has long provided defense, intelligence, and security assistance to adversaries in the Western Hemisphere, attempting to thwart United States and international sanctions designed to enforce the stability of the region, uphold the rule of law, and safeguard the national security and foreign policy of the United States. Cuba continues to try to thwart United States efforts to address threats to the United States posed by hostile countries, transnational terrorist groups, and malign actors, including in the Western Hemisphere.
Further, contrary to the interests and foreign policy of the United States, the Cuban communist regime supports terrorism and destabilizes the region through migration and violence. The communist regime persecutes and tortures its political opponents; denies the Cuban people free speech and press; corruptly profits from their misery; and commits other human-rights violations. For example, families of political prisoners face retaliation for peacefully protesting the improper confinement of their loved ones. Cuban authorities harass worshippers, block free association by civil society organizations, prohibit free press, and deny the ability to speak freely, including on the internet. The Cuban regime continues to spread its communist ideas, policies, and practices around the Western Hemisphere, threatening the foreign policy of the United States.
The United States has zero tolerance for the depredations of the communist Cuban regime. The United States will act to protect the foreign policy, national security, and national interests of the United States, including by holding the Cuban regime accountable for its malign actions and relationships, while also remaining committed to supporting the Cuban people’s aspirations for a free and democratic society.
I find that the policies, practices, and actions of the Government of Cuba directly threaten the safety, national security, and foreign policy of the United States. The policies, practices, and actions of the Government of Cuba are designed to harm the United States and support hostile countries, transnational terrorist groups, and malign actors that seek to destroy the United States. The policies, practices, and actions of the Government of Cuba are also repugnant to the moral and political values of democratic and free societies and conflict with the foreign policy of the United States to encourage peaceful change in Cuba and to promote democracy, the principle of free expression and press, the rule of law, and respect for human rights throughout the world.
NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America, find that the situation with respect to Cuba constitutes an unusual and extraordinary threat, which has its source in whole or substantial part outside the United States, to the national security and foreign policy of the United States and hereby declare a national emergency with respect to that threat.
To deal with the national emergency declared in this order, I determine that it is necessary and appropriate to establish a tariff system, as described below. Under this system, an additional ad valorem duty may be imposed on imports of goods that are products of a foreign country that directly or indirectly sells or otherwise provides any oil to Cuba. In my judgment, the tariff system, as described below, is necessary and appropriate to address the national emergency declared in this order.
Sec. 2. Imposition of Tariffs. (a) Beginning on the effective date of this order, an additional ad valorem rate of duty may be imposed on goods imported into the United States that are products of any other country that directly or indirectly sells or otherwise provides any oil to Cuba, in accordance with subsections (b) and (c) of this section.
(b)(i) The Secretary of Commerce, in consultation with the Secretary of State and any senior official the Secretary of Commerce deems appropriate, shall determine whether, after the effective date of this order, a foreign country directly or indirectly sells or otherwise provides any oil to Cuba. After the Secretary of Commerce finds that a foreign country directly or indirectly sells or otherwise provides any oil to Cuba, the Secretary of Commerce shall inform the Secretary of State of his finding, including any information relevant to that finding.
(ii) The Secretary of Commerce may issue rules, regulations, and guidance necessary or appropriate to implement this order. The Secretary of Commerce may also make any other determinations or take any other actions necessary or appropriate to implement this order.
(c)(i) After the Secretary of Commerce makes an affirmative finding pursuant to subsection (b)(i) of this section and informs the Secretary of State of his finding, the Secretary of State, in consultation with the Secretary of the Treasury, the Secretary of Commerce, the Secretary of Homeland Security, and the United States Trade Representative, shall determine whether and to what extent an additional ad valorem rate of duty should be imposed on goods that are products of the foreign country found to directly or indirectly sell or otherwise provide any oil to Cuba.
(ii) If the Secretary of State determines that an additional ad valorem rate of duty should be imposed on goods that are products of the country found to directly or indirectly sell or otherwise provide any oil to Cuba, the Secretary of State shall inform me of his recommendation, and the Secretary of Commerce shall inform me of his finding related to that recommendation. I will then consider the recommendation and finding, among other relevant things, in determining whether and to what extent to impose an additional ad valorem rate of duty on goods that are products of the country in question.
(iii) The Secretary of State may issue rules, regulations, and guidance necessary or appropriate to implement this order. The Secretary of State may also make any other determinations or take any other actions necessary or appropriate to implement this order.
Sec. 3. Modification Authority. (a) To ensure that the national emergency declared in this order is dealt with, I may modify this order, including in light of additional information, recommendations from senior officials, or changed circumstances.
(b) Should a foreign country retaliate against the United States in response to this order or any action taken pursuant to this order, I may modify this order or actions taken pursuant to this order to ensure the efficacy of this order and the actions taken pursuant to this order to deal with the national emergency declared in this order.
(c) Should the Government of Cuba or another foreign country affected by this order take significant steps to address the national emergency declared in this order and align sufficiently with the United States on national security and foreign policy matters, I may modify this order.
Sec. 4. Monitoring and Recommendations. (a) The Secretary of State, in consultation with any senior official the Secretary of State deems appropriate, shall monitor the circumstances involving the national emergency declared in this order. The Secretary of State shall inform me of any circumstance that, in his opinion, might indicate the need for further Presidential action to deal with the national emergency declared in this order.
(b) The Secretary of State, in consultation with the Secretary of the Treasury, the Secretary of Commerce, the Secretary of Homeland Security, the United States Trade Representative, and any other senior official the Secretary of State deems appropriate, shall recommend to me additional action, if necessary, if the actions in this order or taken pursuant to this order are not effective in dealing with the national emergency declared in this order.
(c) The Secretary of Commerce shall monitor whether a foreign country directly or indirectly sells or otherwise provides any oil to Cuba. The Secretary of Commerce shall continue such monitoring after a foreign country has been found to do so.
Sec. 5. Delegation. Consistent with applicable law, the Secretary of State and the Secretary of Commerce are directed and authorized to take all actions necessary to implement and effectuate this order — including through temporary suspension or amendment of regulations or through notices in the Federal Register and by adopting rules, regulations, or guidance — and to employ all powers granted to the President, including by IEEPA, as may be necessary to implement this order. The head of each executive department and agency (agency) is authorized to and shall take all appropriate measures within the agency’s authority to implement this order. The head of each agency may, consistent with applicable law, including section 301 of title 3, United States Code, redelegate the authority to take such appropriate measures within the agency.
Sec. 6. Reporting Directives. The Secretary of State, in consultation with any senior official he deems appropriate, is hereby authorized and directed to submit recurring and final reports to the Congress on the national emergency declared in, and authorities exercised by, this order, consistent with section 401 of the NEA (50 U.S.C. 1641) and section 204(c) of IEEPA (50 U.S.C. 1703(c)).
Sec. 7. Definitions. For the purposes of this order:
(a) The term “oil” means crude oil or petroleum products.
(b) The term “indirectly” includes selling to or otherwise providing oil to Cuba through intermediaries or third countries, with knowledge that such oil may be provided to Cuba, as determined by the Secretary of Commerce.
(c) The term “Cuba” means the territory of Cuba and any other territory or marine area, including the exclusive economic zone and continental shelf, over which the Government of Cuba claims sovereignty, sovereign rights, or jurisdiction, provided that the Government of Cuba exercises partial or total de facto control over the area or derives a benefit from economic activity in the area pursuant to international arrangements.
(d) The term “Government of Cuba” includes the Government of Cuba, any political subdivision, agency, or instrumentality thereof, and any person owned or controlled by, or acting for or on behalf of, the Government of Cuba.
Sec. 8. Effective Date. This order is effective at 12:01 a.m. eastern standard time on January 30, 2026.
Sec. 9. Interaction With Other Presidential Actions. Any provision of previous proclamations and Executive Orders that is inconsistent with the actions directed in this order is superseded to the extent of such inconsistency.
Sec. 10. Severability. If any provision of this order or the application of any provision of this order to any individual or circumstance is held to be invalid, the remainder of this order and the application of its provisions to any other individuals or circumstances shall not be affected. If the action in this order or any action taken pursuant to this order is held invalid, the other actions imposed to deal with the national emergencies declared with respect to the Government of Cuba shall not be affected and shall remain in effect.
Sec. 11. General Provisions. (a) Nothing in this order shall be construed to impair or otherwise affect:
(i) the authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof; or
(ii) the functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.
(b) This order shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.
(c) This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.
(d) The costs for publication of this order shall be borne by the Department of State.
DONALD J. TRUMP
THE WHITE HOUSE,
January 29, 2026.
El Gobierno Revolucionario condena en los términos más enérgicos la nueva escalada del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, en su empeño por imponer un cerco absoluto a los suministros de combustible a nuestro país.
La orden ejecutiva del Presidente estadounidense, anunciada el 29 de enero de 2026, declara una supuesta emergencia nacional, en virtud de la cual su gobierno podrá imponer aranceles comerciales a las importaciones de productos provenientes de países que suministren petróleo a Cuba.
Para justificar una acción tan extrema, se esgrime en el texto de la referida orden una lista extensa de mentiras y acusaciones difamatorias contra Cuba. Destaca entre ellas la absurda aseveración de que Cuba constituye una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El propio Presidente y su gobierno están conscientes de que nadie o muy pocos pueden creer argumentos tan mendaces, pero no les importa. Así es su desprecio por la verdad, la opinión pública y la ética gubernamental cuando se trata de avalar su agresión contra Cuba.
Con esta decisión, el gobierno de los Estados Unidos, a través del chantaje, la amenaza y la coerción directa a terceros países, intenta imponer componentes adicionales de presión a las acciones de asfixia económica que desde el primer mandato de Trump fueron dispuestas para impedir la entrada de combustibles a nuestro país. Consolida una forma peligrosa de conducir la política exterior de los Estados Unidos por vía de la fuerza y de ejercer sus ambiciones para garantizar su hegemonismo imperialista. Conforme a lo anunciado, ese país se adjudica el derecho de dictar a Estados soberanos con qué naciones pueden comerciar y a cuáles pueden exportar sus productos nacionales.
La orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos constituye, por tanto, una violación flagrante del Derecho Internacional y atenta, además, contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Ratifica que es el gobierno de ese país el que atenta contra la seguridad, la estabilidad y la paz de la región y del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos llega a este punto tras haber fracasado durante 67 años en rendir y destruir un proceso político y revolucionario genuino y legítimo, de plena soberanía, justicia social y fomento de la paz y la solidaridad con el resto del mundo.
Está ampliamente documentada la disposición histórica de Cuba a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo serio, responsable, basado en el Derecho Internacional, en la igualdad soberana, en el respeto mutuo, en el beneficio recíproco, sin injerencia en los asuntos internos y con absoluto respeto a la independencia y a la soberanía de los Estados.
Como todo el mundo conoce, incluyendo el propio gobierno estadounidense, Cuba no constituye amenaza alguna para los Estados Unidos, sus intereses nacionales o el bienestar de los ciudadanos de ese país que, además, siempre han sido tratados con respeto y hospitalidad cuando su gobierno les ha permitido visitar la isla. Cuba no amenaza o agrede a país alguno. No es objeto de sanciones por parte de la comunidad internacional. Es un país de paz, solidario y cooperativo, dispuesto a ayudar y contribuir con otros Estados.
Es también el país de un pueblo aguerrido y combatiente. Se confunde el imperialismo cuando confía en que con la presión económica y el empeño en provocar sufrimiento a millones de personas, se va a doblegar su determinación de defender la soberanía nacional y de impedir que Cuba caiga, una vez más, bajo el dominio estadounidense.
Tiene ante sí la comunidad internacional el reto ineludible de definir si un crimen de esta naturaleza podrá ser el signo de lo que está por venir o si prevalecerán la cordura, la solidaridad y el rechazo a la agresión, la impunidad y el abuso.
Enfrentaremos la nueva arremetida con firmeza, ecuanimidad y seguridad de que la razón está absolutamente de nuestra parte. La decisión es una:
¡Patria o Muerte, Venceremos!
La Habana, 30 de enero de 2026
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